Ejes del Diagnóstico Institucional
El Diagnóstico Institucional para la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el Estado de Oaxaca se estructura en diez ejes estratégicos que permiten evaluar, de manera integral, las capacidades actuales del Poder Judicial e identificar las brechas, necesidades y acciones requeridas para la transición hacia el nuevo modelo de justicia civil y familiar.
Cada eje analiza una dimensión específica de la implementación y permitirá integrar una línea base institucional para la planeación, priorización de acciones, asignación de recursos, seguimiento y evaluación del proceso.
¿Qué se va a diagnosticar?
Se analizará la existencia y funcionamiento de la estructura responsable de la implementación; distribución de atribuciones y responsabilidades; instrumentos de planeación; cronogramas; presupuesto; mecanismos de coordinación entre órganos jurisdiccionales y administrativos; normativa interna que deba emitirse, modificarse o armonizarse; mecanismos de seguimiento; identificación y administración de riesgos; así como las condiciones institucionales necesarias para la entrada en operación del CNPCF.
El diagnóstico permitirá transitar de una visión centrada exclusivamente en el trámite del expediente hacia un modelo de gestión orientado a procesos, audiencias, resultados, coordinación de funciones y atención efectiva de las personas usuarias.
¿Qué se va a diagnosticar?
Se identificarán los procesos actuales de recepción, registro, turno, radicación, emplazamiento, notificaciones, promociones, acuerdos, preparación y celebración de audiencias, desahogo de pruebas, emisión de resoluciones, recursos, ejecución y archivo. Asimismo, se analizarán cargas de trabajo, distribución de funciones, tiempos, duplicidades, cuellos de botella, actividades manuales, mecanismos de control y necesidades de rediseño de procesos derivadas del CNPCF.
¿Qué se va a diagnosticar?
Se analizará la estructura organizacional, plantilla de personal, perfiles de puesto, funciones, cargas de trabajo y distribución territorial de los recursos humanos. Asimismo, se identificarán conocimientos y competencias relacionados con el CNPCF, oralidad, dirección y gestión de audiencias, justicia digital, derechos humanos, perspectiva de género, atención a personas en situación de vulnerabilidad, interculturalidad, herramientas tecnológicas y nuevos modelos de gestión judicial.
¿Qué se va a diagnosticar?
Se evaluarán inmuebles, salas de oralidad, espacios de atención al público, áreas de espera, espacios para niñas, niños y adolescentes, áreas para testigos y peritos, condiciones de privacidad, mobiliario, acústica, iluminación, climatización, seguridad, accesibilidad física, conectividad, sistemas de audio y video, grabación de audiencias y demás equipamiento requerido. También se determinará qué instalaciones son aptas, cuáles requieren adecuaciones y dónde será necesaria nueva infraestructura.
¿Qué se va a diagnosticar?
Se analizarán los sistemas de gestión judicial existentes; expediente electrónico; recepción de promociones y documentos electrónicos; firma electrónica; notificaciones electrónicas; consulta de expedientes; gestión de audiencias; videoconferencia; servicios en línea; infraestructura de servidores; almacenamiento; redes; conectividad; equipamiento informático; soporte técnico; interoperabilidad y capacidad de integración entre plataformas. También se identificarán procesos que actualmente dependen de papel, captura manual o sistemas aislados y que deberán transformarse o digitalizarse.
¿Qué se va a diagnosticar?
Se evaluarán las condiciones de acceso a los servicios judiciales; orientación e información a las personas usuarias; accesibilidad física y digital; ajustes de procedimiento; mecanismos de apoyo; igualdad y no discriminación; perspectiva de género; atención a personas con discapacidad; niñas, niños y adolescentes; personas mayores y otras personas que enfrenten condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, se identificarán barreras físicas, económicas, tecnológicas, comunicacionales, culturales, lingüísticas o procedimentales que puedan limitar el acceso efectivo a la justicia.
¿Qué se va a diagnosticar?
Se analizará la disponibilidad y mecanismos de acceso a personas intérpretes y traductoras; procedimientos para identificar necesidades lingüísticas; atención culturalmente pertinente; distribución territorial de los órganos jurisdiccionales; distancias y tiempos de traslado; cobertura de servicios; conectividad; acceso a tecnologías y posibilidades de establecer esquemas presenciales, digitales, remotos o asistidos. También se identificarán las regiones y grupos poblacionales en los que las condiciones territoriales, lingüísticas o tecnológicas puedan representar mayores barreras de acceso a la justicia.
¿Qué se va a diagnosticar?
Se analizará la capacidad para programar, preparar, celebrar y registrar audiencias; disponibilidad y administración de salas; agendas judiciales; tiempos de audiencia; causas de diferimiento; comparecencia de partes; intervención de personas testigos, peritas e intérpretes; presentación y desahogo de pruebas; registro audiovisual; participación remota y soporte técnico. También se evaluarán las competencias del personal para operar bajo esquemas de oralidad e inmediación.
¿Qué se va a diagnosticar?
Se analizarán mecanismos de identificación y autenticación de usuarios; perfiles y permisos de acceso; firma electrónica; protección de datos personales; integridad de documentos electrónicos; respaldos; recuperación de información; continuidad operativa; almacenamiento; conservación documental; bitácoras y trazabilidad; gestión de incidentes; ciberseguridad y mecanismos para el intercambio seguro de información entre sistemas e instituciones.
¿Qué se va a diagnosticar?
Se analizarán los sistemas actuales de estadística judicial; calidad y disponibilidad de datos; cargas de trabajo; ingreso y conclusión de asuntos; duración de procedimientos; audiencias programadas, celebradas y diferidas; productividad; ejecución de resoluciones; utilización de servicios digitales; demanda de servicios; atención a personas usuarias y demás información relevante para evaluar la operación. Asimismo, se determinará la capacidad para establecer indicadores, tableros de control, mecanismos de seguimiento, alertas, evaluaciones periódicas y procesos de mejora continua.
Construyamos juntos la nueva justicia civil y familiar en Oaxaca
La implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa un proceso de transformación institucional que requiere conocer con precisión nuestras capacidades actuales, identificar las brechas existentes y definir las acciones necesarias para avanzar hacia un modelo de justicia más cercano, accesible, eficiente, incluyente y centrado en las personas.
El diagnóstico institucional constituye el punto de partida de este proceso. La información obtenida permitirá identificar necesidades en materia de gestión judicial, capital humano, infraestructura, tecnología, oralidad, atención a las personas, derechos humanos, interculturalidad, seguridad de la información y evaluación institucional, generando evidencia para orientar la planeación y la toma de decisiones.
Cada respuesta contribuye a construir una visión integral de las condiciones actuales del Poder Judicial y a definir una ruta de implementación acorde con las necesidades y particularidades de Oaxaca.
El cambio comienza conociendo dónde estamos, para definir con claridad hacia dónde debemos avanzar.